A vueltas con la educación inclusiva, en donde unos están a favor y otras en contra, o más que estar en contra se ve una inseguridad en la regulación de la inclusión educativa de las personas con discapacidad intelectual.
Los alumnos con discapacidad intelectual precisan de buenas prácticas de evaluación que pueda garantizar el derecho a una educación inclusiva, no a la educación y formación que ya está garantizada, bien en centros de educación especial como en centros ordinarios.
Conviene una revisión, así como una regulación concreta, es decir, que se marque el proceso para que la educación sea inclusiva, para ello habrá que informar con claridad cuál va a ser ese proceso, y también proveer de los medios necesarios a los centros de educación ordinaria para que se pueda lleva a termino una educación inclusiva, procurando los apoyos técnicos, personales y materiales necesarios.
De hecho recientemente muchos padres y profesionales se manifestaron en contra de la eliminación de los colegios de Educación Especial en la Comunidad de Madrid a favor de la educación inclusiva. Seguramente parte del temor a que esto no sea efectivo, y también a la falta de conocimiento sobre lo positivo de la inclusión en los centros ordinarios. Las leyes deben ir acompañadas de los medios necesarios para que esto pueda llevarse a la realidad.
Hay que analizar la legislación educativa estatal y las concreciones normativas vigentes que regulan la atención a la diversidad en cada comunidad empleando una lista de comprobación que recoge las variables que definen cada fase de atención a la diversidad y los procedimientos de evaluación e intervención en discapacidad intelectual.
Hay que poder atender las necesidades educativas especiales como las entiende la normativa vigente y la falta de desarrollos vinculados a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son barreras a las prácticas inclusivas de los alumnos con discapacidad intelectual, siendo necesario adoptar modelos científicos de evaluación-intervención en los que se apoye el desarrollo de marcos legales que garanticen la inclusión y se orienten al máximo desarrollo posible y mejora de la calidad de vida de este alumnado.
La realidad es que España no cumple la Convención de la ONU en materia de inclusión educativa, y se tendrán que poner los medios para que se respete el derecho de las personas con discapacidad a una normalización e inclusión en todos los ámbitos de la vida, poder ser uno más, potenciando sus capacidades.
Javier Abad Chismol
Estas conclusiones y reflexiones se han realizado en la Revista Siglo Cero, del año 2018, volumen 49, número 266, los autores son: Verdugo Alonso, Miguel Ángel; Amor González, Antonio Manuel; Fernández Sánchez, María; Navas Macho, Patricia; Calvo Álvarez, María Isabel.