En muchas ocasiones las legislaciones que regulan los derechos de las personas con discapacidad no van acordes con las necesidades reales o mejor dicho, con los medios o apoyos necesarios para que esto se lleve a término.
Hay por ello que reivindicar que exista un apoyo real de las instituciones y de la política, no tanto las leyes que ya caminan hacia la inclusión y la integración de las personas con discapacidad, sino a su aplicación y financiación.
Hay que buscar la aplicación real de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en alguna situación de dependencia y que por lo tanto necesitan de ciertos apoyos.
Es algo básico y necesario que se pueda aterrizar al mundo real para que se gestionen los apoyos necesarios y a su vez un entorno que no excluya por prejuicios o por falta de medios, hay que insistir, no es un problema de legislación actualmente, es un problema de aplicación real y efectiva.
Esto puede llevar a la frustración de muchas personas con discapacidad y a sus familias que pueden ver no llega desarrollarse un nivel de autonomía óptimo, para ello es vital el trabajo y todo lo que implica el desarrollo en los diferentes ámbitos de la vida.
Las Leyes deben obligar a su cumplimiento y a proveer los medios humanos y económicos para que esto sea una realidad, legislar para luego no poder llevar a cabo parece que se quede solo en puro marketing.
Las instituciones deben poner a disposición de las personas con discapacidad recursos y apoyos apropiados y adaptados para desarrollar la autonomía personal, también aprovechando los avances tecnológicos.
De esta manera se caminará hacia la inclusión social y a la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad, no siendo solo sujetos pasivos, dependientes de la administración pública, sino que aporten a la sociedad como uno más.
Javier Abad Chismol