La Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), supuso un gran avance en los derechos de las personas con discapacidad.
En el artículo 24 de dicha Convención se quiere implicar a todos los países a que pongan los medios necesarios para poder llevar a cabo una educación inclusiva en el sistema educativo, es decir, igualdad de condiciones sin importar la condición y el nivel de discapacidad.
La transformación del sistema tiene que tener políticas públicas educativas basadas en indicadores que garanticen el acceso, la permanencia y la promoción dentro de un sistema educativo que sea inclusivo.
Esto implica el desarrollo de política estatal y regional, para que se pueda garantizar este derecho, aunque en la práctica hay muchas barreras para que esto pueda llevarse a cabo y por lo tanto, se vulnera el derecho a la inclusión educativa de las personas con discapacidad.
Es el Ministerio de Educación de cada país tendrá que regular que esto se pueda hacer y por lo tanto derivar también responsabilidades a las Comunidades Autónomas y luego a su vez a cada uno de los Centros, es una cadena que no se debe romper, para que no queda tan solo en buenas intenciones que luego no pueden realizarse.
La tradición legislativa en materia educativa en España, hace que estos desafíos sean mayores, pues la tendencia de cambio, atravesando por diferentes Leyes Estatales de Educación, con las concreciones regionales, en lo que va de milenio, ha procurado estancamiento en los desarrollos legislativos para garantizar el derecho a la educación inclusiva.
Falta la implicación de la comunidad educativa, quizás fruto de una falta de información y el temor a tener alumnos con discapacidad intelectual en un aula ordinaria. A su vez también se deben procurar los apoyos necesarios para no dejar solos a los Centros y a los profesores.
Además, en nuestro país, hay carencia de legislación que regule la aplicación el principio del Diseño Universal y del Diseño Universal para el Aprendizaje, en todas las etapas educativas, buscando las estrategias y adaptaciones concretas para cada tipo de discapacidad.
Se debe hacer un esfuerzo, empezado por el Estado y la legislación, para luego llegar a todo el sistema educativa y que se pueda llevar una auténtica inclusión educativa.
Javier Abad Chismol