Tendríamos que pararnos a pensar cuál es la razón por la que España ha sido condenada por la ONU por no cumplir con los mínimos que marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que se pueda dar una educación inclusiva real en nuestras escuelas ordinarias.
Hay que analizar este fenómeno en donde se disocia de una manera muy evidente lo que se debe hacer con lo que se hace, en ocasiones ocurre que teorizamos mucho sobre la educación inclusiva, sobre la integración plena en las escuelas y empresas ordinarias, pero nos cuesta llegar a la práctica, porque en el fondo hay un acomodamiento hacia la escuela especial, o hacia los centros especiales de empleo, ya de por si la palabra especial separa del resto, no por mala intención, sino porque no se acaba de creer en la integración real de las personas con discapacidad.
Según la ONU, el Estado Español no garantiza el acceso a la educación inclusiva de todo el alumnado con discapacidad, tal como exige la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Hay que reclamar valentía para que la educación inclusiva sea verdaderamente un derecho de todo alumnado, y para ello se tendrá que transformar nuestro sistema educativo para que pueda acoger a toda la diversidad, y no solo en términos de presencia, que es lo que se mide ahora, sino también en términos de progreso y participación, porque eso es definitiva la inclusión, que puedan ser uno más y participar activamente como un alumno más, proveyendo los apoyos necesarios para que esto pueda ser una realidad, poniendo los medios materiales y humanos para la inclusión real en la escuela ordinaria.
Esta crítica y condena nos debe servir para ponernos en marcha, especialmente a los políticos para que legisle y se regule nuestro sistema educativo y así se pueda atender la diversidad y transformar nuestras escuelas, espacio para el aprendizaje. Todos formamos parte de una sociedad transformadora e integradora, y que no nos tengamos que sentirnos señalados por la ONU por el incumplimiento de la Convención.
Javier Abad Chismol