Contratar a personas con discapacidad presenta múltiples ventajas para las empresas. Ofrece una oportunidad para mejorar la imagen corporativa de la empresa, permite rentabilizar los puestos de trabajo y conlleva un aumento de la cuota de mercado.
Además, facilita cumplir con los estándares de la Responsabilidad Social empresarial y con varios objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El contratar a personas con discapacidad también conlleva una serie de beneficios fiscales y subvenciones a las empresas con el fin de fomentar la contratación de personas con diversidad funcional. Estas ayudas son necesarias si queremos una sociedad justa dónde todo ser humano tenga igualdad de oportunidades y dónde todavía queda mucho desconocimiento, rechazo y miedo.
Por un lado, encontramos las bonificaciones a la seguridad social. (adjuntamos Ley 43/2006). Para acceder a estas bonificaciones hay que cumplir varios requisitos. Si estos requisitos se cumplen, las ayudas se mantienen en el tiempo.
Por otro lado, la contratación de personas con discapacidad conlleva subvenciones de fomento durante el primer año de contrato. La orden suele salir a principios de año (este año acaba de salir) y el plazo máximo de la solicitud depende del tipo de contrato (temporal, indefinido o conversión a indefinido). Si bien la subvención supone una gran ayuda para las empresas (adjuntamos extracto de ayudas), sí que hemos notado que este año el plazo de presentación de solicitudes se ha reducido respecto el año pasado. Por ejemplo, el año pasado el plazo de presentación para contratos indefinidos era hasta el 31 de Octubre de 2020 y este año se ha reducido al 31 de Julio de 2021. ¿A partir de Julio ya no se fomenta la contratación de determinados colectivos vulnerables? Estos plazos suponen para muchas personas con discapacidad que sus contratos sean aplazados o mermados y por tanto, conlleva a un detrimento laboral y social.
Por otro lado, observamos que el crédito de ayudas de fomento se ha reducido a la mitad y lo único que hace es infundir inseguridad a las empresas a la hora de contratar a personas con discapacidad. Ni beneficia a las empresas ni beneficia a las personas con diversidad funcional, justo ahora, cuando más lo necesitan.
Por ello, la administración es la primera que debe de promocionar la discriminación positiva y fomentar que las ayudas vayan con la persona, independientemente del lugar o del momento de la contratación. La administración debe de facilitar el acceso al mercado de trabajo y para ello debe de apoyar de la misma manera a todas las empresas y a todas las personas con mayores necesidades significativas. Todos somos todos.